Transición de esquemas para sistemas de pensiones: ¿quién paga el costo del cambio?

Transición de esquemas para sistemas de pensiones: ¿quién paga el costo del cambio?

Transición de esquemas para sistemas de pensiones: ¿quién paga el costo del cambio?

La transición de un sistema de pensiones de reparto (PAYG, Pay-as-you-go) a uno de capitalización individual (DC, Defined-Contribution) es un desafío complejo. Aunque no es una pregunta nueva, su debate resurge constantemente en la política pública debido a factores como el envejecimiento poblacional y la presión fiscal sobre los sistemas actuales.

Un sistema PAYG se financia mediante la solidaridad intergeneracional —los trabajadores activos sostienen a los jubilados actuales—, mientras que un sistema DC se basa en el ahorro personal y sus rendimientos financieros. A continuación, se analiza las ventajas y desventajas de esta transición, enfocándose en el principal obstáculo: la doble carga que recae sobre la "generación de transición".

Se pueden analizar los esquemas desde tres ejes principales:

• Justicia: Bajo el esquema DC, la justicia es directa: cada persona recibe en función de lo que aportó. En un sistema PAYG, en cambio, la justicia se fundamenta en la solidaridad, donde todos contribuyen para sostener a los pensionistas actuales.
• Sostenibilidad e incertidumbre: La sostenibilidad del sistema DC depende del rendimiento de las inversiones y de la capacidad de ahorro individual, volviendo financiera su principal fuente de incertidumbre. Por otro lado, un esquema PAYG depende de las condiciones demográficas y políticas. Si la base de trabajadores activos se reduce en comparación con la de pensionistas, su sostenibilidad se ve comprometida.
• Impacto económico: Un esquema DC puede incrementar el ahorro nacional e impulsar el crecimiento a largo plazo. El PAYG, por su parte, permite pagar pensiones de manera inmediata desde su implementación y estimular la demanda agregada.

Aunque un sistema DC puede ofrecer mayor sostenibilidad a largo plazo, la transición desde un esquema PAYG genera un problema inevitable: la generación de transición soporta una doble carga financiera. Estos trabajadores deben, en primer lugar, aportar a sus propias cuentas individuales para su futura pensión y, simultáneamente, financiar a través de impuestos las pensiones de quienes se jubilaron bajo el sistema de reparto y continuarán recibiendo pensiones una vez que se hayan agotado los recursos de las entidades encargadas.

En la práctica, los aportes dejan de fluir hacia los jubilados del sistema antiguo y se desvían a cuentas personales, mientras que la entidad responsable debe seguir pagando las pensiones vigentes. Esto provoca que, durante varias décadas, esta generación enfrente una reducción de sus ingresos disponibles y, por ende, de su capacidad de consumo.

Las repercusiones de este sacrificio alcanzan a toda la sociedad:

• Reducción del consumo: Al destinar más ingresos a contribuciones e impuestos, los hogares reducen su gasto, lo que puede frenar el crecimiento económico.
• Aumento de la desigualdad: Los trabajadores de bajos ingresos o informales son los más afectados al tener menos capacidad para soportar la doble carga.
• Tensión intergeneracional: Surge una percepción de injusticia, pues la cohorte de transición siente que está financiando a dos sistemas, mientras que las futuras generaciones solo aportarán para sí mismas.

El diseño de la transición es tan importante como el objetivo final. Para mitigar el costo, se pueden plantear mecanismos como el uso de recursos fiscales extraordinarios, una transición gradual que incorpore primero a los más jóvenes, o la creación de sistemas mixtos que combinen un pilar solidario con uno de capitalización.

La importancia de este debate es innegable. Países como Suecia implementaron exitosamente sistemas mixtos, mientras que el modelo de capitalización pura de Chile ha sido objeto de intensos debates sociales por la insuficiencia de las pensiones resultantes. En Ecuador, la discusión es crucial ante la creciente presión sobre el sistema de seguridad social (IESS), lo que obliga a buscar alternativas para garantizar su viabilidad futura.

Si la carga de la reforma recae sobre una sola generación, puede ser percibida como injusta y generar rechazo social. El verdadero desafío no es solo construir un sistema más sostenible, sino hacerlo evitando un sacrificio desproporcionado. Diseñar mecanismos de compensación justos, transparentes y graduales es esencial para que cualquier reforma sea socialmente aceptada y viable a largo plazo.

Alejandro Peña - Analyst

Enlaces de interés:

- Börsch-Supan, A., Härtl, K., Leite, D.N. et al. Preventing reforming unequally. J Popul Econ 36, 2889–2924 (2023). https://doi.org/10.1007/s00148-023-00976-8

- Izquierdo, A., Robles, E. A., & Tapia Troncoso, W. (2024). Reshaping Retirement: Navigating Latin America's Pension Systems after COVID-19: Executive Summary. https://doi.org/10.18235/0012979

- Shiyu Li & Shuanglin Lin, 2024. "Social security reforms, capital accumulation, and welfare: A notional defined contribution system vs a modified PAYG system," Journal of Population Economics, Springer; European Society for Population Economics, vol. 37(1), pages 1-34, March. DOI: 10.1007/s00148-024-01004-z